La Reverenda Margarita Sánchez de León en Nueva York, 11 marzo 2003. The Gully

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14 MARZO 2003. La Reverenda Margarita Sánchez de León es una de las adversarias principales del Artículo 103 del Código Penal de Puerto Rico, que criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo género. La destacada activista pro derechos humanos es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-Puerto Rico y miembro del progresista Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico.

Ministra ordenada por la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Puerto Rico, una denominación mayoritariamente gay, la Reverenda Sánchez de León fue la principal demandante en una causa iniciada por la Unión Americana pro Derechos Civiles (ACLU) pidiendo la anulación del Artículo 103, conocido también como “ley sobre la sodomía”.

La causa culminó en junio pasado cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó que el Artículo 103 no era inconstitucional. THE GULLY conversó con la Reverenda Sánchez de León en Nueva York, a donde viajó en busca de apoyo para su nueva campaña.

The Gully: En junio pasado el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó que la llamada ley sobre la sodomía no era inconstitucional. Desde entonces, ¿qué han estado haciendo usted y los demás activistas puertorriqueños que se oponen a dicha ley?

Sánchez de León: Nos estamos concentrando en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En abril o mayo, se va a empezar a discutir allí la reforma del Código Penal. Amnistía Internacional va a concentrarse en actividades públicas, en educación pública en torno a la cuestión de la ley sobre la sodomía.

En cada lucha hay varios frentes. La discusión pública es esencial. Sin ella, es muy difícil hacer presión sobre la legislatura. También seguiremos cabildeando, educando, organizando manifestaciones. Todo esto es importante para crear cambios. En el futuro, quizás tengamos que hacer algo más enérgico que cabildear. Aunque cabildear es importante, es algo muy callado.

En 1997 usted y otros activistas se presentaron en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, “confesaron” haber violado la ley sobre la sodomía y pidieron, en vano, que los arrestasen. A raíz de esa acción fue que despegó la campaña contra dicha ley. ¿Qué la impulsó a usted a hacer eso?

La batalla contra la ley sobre la sodomía en realidad ya tiene más de 30 años; es la batalla de toda una generación. Lo que logró nuestra acción en 1997 fue sencillamente ponerla en el dominio público. Provocó una gran controversia en Puerto Rico. Tuvo un gran impacto allá, e incluso en algunas comunidades de aquí.

Fue un “golpe fuerte” para el gobierno de Puerto Rico. Se quedaron sorprendidos, sin saber qué hacer. Por primera vez, hicimos una acción proactiva y no reactiva. Por aquel entonces, los grupos lésbicos, gays, bisexuales y transgénero de Puerto Rico se ocupaban cada uno de cuestiones diferentes; a partir de ese momento, todos nos empezamos a concentrar en la anulación de la ley sobre la sodomía.

Esa acción de 1997 surgió de un incidente específico. Yo había ido a la Cámara de Representantes a hablar en una audiencia pública sobre un proyecto de ley para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto fue en reacción a lo que estaba ocurriendo por entonces en Hawaii [una iniciativa, que a la postre fracasó, de legalizar el matrimonio entre personas del mismo género]. Fui como representante del Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico, y no como parte de un grupo lgbt. El nuestro fue el único grupo religioso que se opuso en aquella audiencia al proyecto de ley.

Durante mi testimonio, algunos de los legisladores reaccionaron con hostilidad, con violencia. Uno me preguntó: “¿Tiene usted prácticas lesbianas?”. Yo estaba allí con otros dirigentes religiosos. A ninguno de los demás se le preguntó nada. No puedo describirles lo que sentí en aquel momento. Dense cuenta de que estábamos en una audiencia pública. Y que la pregunta tenía consecuencias jurídicas. El Artículo 103 dice que toda persona que tenga relaciones sexuales con una persona del mismo sexo puede ser condenada a 10 años de prisión. Jamás me imaginé que iba a verme en una situación como esa.

Decidí, pues, que nunca más me iban a poner en una situación semejante. Formamos una coalición acerca de la cuestión, con feministas, estudiantes, algunos grupos políticos partidarios de la independencia de Puerto Rico, Amnistía Internacional y grupos lgbt. Esa coalición hizo posible nuestra acción de 1997.

¿Apoyan esos mismos grupos sus esfuerzos actuales?

No precisamente. Ahora hay una coalición más grande que está esforzándose por cambiar la ley, pero Amnistía no es parte de ella, aunque sí los ayudamos. Esa coalición se está concentrando en la cuestión del derecho de todos a la intimidad sexual, incluso el derecho de los heterosexuales. La ACLU ha ayudado a crear esta nueva táctica. Ellos piensan, “Más vale evitar el tema lgbt y concentrarnos en la cuestión más general de la intimidad sexual para poder así librarnos de la ley sobre la sodomía”.

Pero si la educación es parte del cambio social, como usted dice, ¿no le parece que esa táctica está volviendo a meter en el closet a la gente lgbt? ¿Cómo combate eso la homofobia?

Esa es parte de la razón por la que Amnistía decidió tomar un camino diferente esta vez. Amnistía se va a concentrar en las cuestiones lgbt. El Artículo 103 es importante, aunque raras veces se aplique directamente. Se utiliza para denegarle sus derechos a las personas lgbt. Por ejemplo, si uno trata de demandar a su pareja del mismo sexo por violencia doméstica, la demanda no tiene lugar porque el juez dirá que la violencia ha ocurrido en medio de una actividad que ya, en sí, es un delito. El Artículo 103 es sólo la punta del iceberg.

[En 1999, un tribunal de apelaciones falló que la ley sobre la violencia doméstica de Puerto Rico no se aplica a las relaciones entre lesbianas u hombres gay porque la ley sobre la sodomía “hace que la conducta homosexual sea un delito”.]

¿Qué tipos de actividades planea Amnistía?

Vamos a trabajar mucho con la prensa, a organizar conferencias de prensa, a tratar de que nos entrevisten y de lograr visibilidad pública para nuestros temas. Ya hemos preparado tres mesas redondas en tres sitios geográficos diferentes en la isla. Se celebrarán en universidades y otros lugares públicos. Vamos a manifestar ante la legislatura. Todo esto coincidirá con las discusiones en la Cámara de Representantes sobre la revisión del Código Penal, en abril y mayo.

Ya se ha lanzado un llamamiento mundial a través de Amnistía Internacional y estamos recibiendo cartas de apoyo de todas partes.

¿Se ha pronunciado algún legislador puertorriqueño en contra del Artículo 103?

No. Ninguno. Ni un solo legislador se ha pronunciado a favor de la anulación del Artículo 103. Ni siquiera los que se dicen “progresistas”, como los indendentistas (entre los cuáles yo me cuento, por cierto).

¿Y la gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón?

Su posición va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando el proceso electoral de 2004. Esta semana, el ex gobernador Pedro Roselló regresó a la isla. Se espera que sea su rival electoral. Pero antes de enfrentársele, la gobernadora tendrá que pensar en las preelecciones.

En Puerto Rico, las iglesias conservadoras están muy bien organizadas. Cabildean con gran eficacia. Van a ver a un legislador y le dicen, “tengo 500 personas en su distrito y van a votar así o así”. Yo siempre digo, jugando, que nosotros deberíamos pedirles que nos enseñen: “Por favor, enséñennos cómo se hace eso”. Realmente son muy, muy eficaces.

Los grupos evangélicos conservadores tienen una fuerte presencia en la radio y la televisión puertorriqueñas. ¿Qué tipo de acceso a los medios de comunicación de la isla tienen la gente lgbt y quienes los apoyan?

A la televisión no tenemos acceso. Excepto cuando organizamos alguna manifestación grande o alguna conferencia de prensa importante. Pero sí hay un programa de radio lgbt. Eso es importante, porque los puertorriqueños oyen mucho la radio. No sé de ningún grupo lgbt que haya tratado de comprar espacio de difusión en una estación de televisión puertorriqueña. Por el momento, no planeamos colocar anuncios en los medios de comunicación puertorriqueños para la campaña de concientización pública de Amnistía. Eso cuesta dinero y tenemos que utilizar nuestros recursos frugalmente. Nuestra prioridad es lograr cobertura informativa en los medios de comunicación, hacer que nos entrevisten.

Es posible que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconsidere la ley sobre la sodomía de Tejas cuando vea la causa de Lawrence y Garner contra el Estado de Tejas el 28 de marzo. Si el Tribunal fallase en contra de Tejas, ¿qué impacto cree que ello tendría en la ley sobre la sodomía de Puerto Rico?

Todo depende del lenguaje del fallo. Puede que se aplique sólo a esta causa específica en Tejas. O que se aplique a los 14 estados que en la actualidad tienen leyes sobre la sodomía, así como a Puerto Rico.

Eso sería una gran paradoja. El Artículo 103 llega a Puerto Rico en 1903 por imposición del Código Penal de California. Pero la paradoja del proceso colonial es tan grande que, si se anulase ahora la ley de sodomía de Tejas, ese fallo se aplicaría también a Puerto Rico, nuevamente por proceso de imposición política. Así es que, sí, el fallo tendría un impacto en Puerto Rico, igual que Roe contra Wade [la causa por la que se legalizó el aborto en EE.UU. en 1973]. Esa es la otra cara del colonialismo.

En un artículo reciente en el diario puertorriqueño El Nuevo Día, Mayra Montero dice que en Puerto Rico los enemigos más peligrosos de los derechos humanos de la gente gay no son los moralistas estridentes que se les oponen, sino quienes pretenden aceptar a la gente gay pero en realidad los silencian y permanecen ellos mismos en silencio. ¿Está usted de acuerdo con eso?

No he leído el artículo, aunque he oído hablar de él. Yo le diría que, ciertamente, en Puerto Rico hay muchos sectores, sobre todo políticamente liberales, que sí se esconden al momento de asumir unas posiciones claras con respecto a este asunto.

Para mí, como independentista, no votante — no voto —, para mí ha sido una vergüenza que el Partido Independentista, en las ocasiones en que ha tenido la oportunidad de hacer la diferencia con respecto a este asunto, siempre ha votado con los conservadores, siempre ha asumido una posición conservadora. A mí me gustaría ver también a más gente de los sectores intelectuales ser más activos en este asunto.

Yo creo que todavía no hemos comprendido que los derechos de la comunidad gay, lésbica, bisexual, y transgénero son un asunto de derechos humanos, vinculado a todas las luchas de derechos y que nadie en este momento, hoy, 2003, puede hablar con propiedad de derechos humanos y derechos civiles si deja a un sector fuera de su discurso. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza.

Enlaces

El artículo de Mayra Montero sobre la homofobia en Puerto Rico
Bajo fuego ley sodomía en Orgulloboricua.net
Iglesia de la Comunidad Metropolitana