24 noviembre 2001. España acaba de anotarse dos tantos en la guerra contra el terror. Primero, su estelar juez investigativo, Baltasar Garzón, detuvo a ocho presuntos terroristas de Al Qaeda que parece están conectados con los atentados del 11 de septiembre en los EE.UU.

Segundo, su gobierno conservador le informó secamente al gobierno de Bush que no extraditaría a los detenidos a no ser que Washington les garantizase un juicio civil sin pena de muerte en el horizonte (y nada de tribunales militares secretos y sumarios). Al igual que España, que eliminó la pena de muerte en 1978, se espera que el resto de los países de la Unión Europea se nieguen a este tipo de extradición.

El juez Garzón, que hizo historia jurídica internacional cuando encausó al ex dictador chileno Augusto Pinochet hace un par de años, ha obtenido estos excelentes resultados con sólo una fracción de los inmensos recursos con que cuenta el fiscal general estadounidense, John Ashcroft, y sin pisotear las libertades civiles, como este último.

Hasta ahora, el récord antiterrorista de Ashcroft es un 0 monumental.